Son miles los trabajadores rurales que viven y trabajan en condiciones infrahumanas, hacinados, mal alimentados y amenazados por sus patrones. El sindicato que nucléa al sector, la UATRE, se desentiende de las denuncias. Es hora de erradicar la salvaje explotación de los trabajadores del campo y saldar una deuda impostergable.Ni la “cultura empresarial” del campo ni las “particularidades” de las actividades estacionales del rubro pueden ser jamás una justificación para estas prácticas que violan los derechos humanos de los trabajadores rurales.
La derecha agroexportadora es también agroexplotadora y esclavista, tal como se dio a conocer en los últimos días a partir de una serie de denuncias contra una de las más grandes empresas del sector. Se trata de NIDERA, la transnacional granera en cuyos campos de San Pedro se encontraron a 133 trabajadores reducidos a servidumbre, viviendo y trabajando en condiciones infrahumanas. Entre las víctimas, -traídas de las provincias más pobres de la Argentina, sin saber en dónde estaban ni cuánto cobrarían, y con la prohibición de salir del lugar-, había también menores. La reducción a la servidumbre se encuadra en el delito de “trata de personas”, que cuenta desde hace dos años con una nueva ley por iniciativa de la diputada Vilma Ibarra, de Nuevo Encuentro. La ley 26.364 (Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas) contempla tanto la esclavitud, el trabajo forzado, la explotación sexual, la extracción ilícita de órganos, y el trabajo infantil.
Resulta tan indignante como esclarecedor el hecho de que una empresa líder en el mercado local de semillas reclute a trabajadores estacionales, que mientras lo que dura la cosecha sobreviven comiendo carne y alimentos en mal estado por falta de refrigeración, sin agua potable, hacinados en trailers de chapa, con dos agujeros en la tierra como baño. Y como si de una pesadilla se tratara, la comida les era “descontada” (a precios desorbitantes) de la paga (irrisoria) a fin de mes, aunque se tratase de paquetes de fideos provenientes de planes sociales. Algunos no llegaban a cobrar nada. Para cargar un celular, debían pagar 2 pesos. Estaban encerrados bajo amenaza: si uno de ellos abandonaba la estancia, todos los demás serían expulsados sin cobrar. Aprovechándose de la situación de extrema vulnerabilidad de miles de familias argentinas (y de países vecinos), las grandes exportadoras (NIDERA factura más de $3500 millones al año) no dudan a la hora de reducir gastos convirtiendo a sus empleados rurales en esclavos. A propósito de reducción de costos, la agroexplotadora transnacional enfrenta una denuncia de la AFIP por evasión de $260 millones.
La brutal explotación de millares de trabajadores rurales es facilitada por gobiernos provinciales cómplices (que permiten el reclutamiento y traslado de personas) y por un sindicalismo mafioso, al servicio de los intereses de los patrones. La Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) que lidera Gerónimo Venegas (dirigente muy próximo a Luis Barrionuevo y Eduardo Duhalde) envió a sus delegados al campo de trabajo esclavo recién después de que el fiscal de San Nicolás, Rubén Giagnorio, notificara al Ministerio de Trabajo sobre la situación de los 133 trabajadores. Sin dudas, este es el modo en que entienden el sindicalismo los creadores de la CGT Azul y Blanca.
NIDERA no es la única empresa investigada por trata de personas: Nuestra Huella S.A., empresa líder en del sector avícola, fue denunciada en 2008 por reducción a la servidumbre, trabajo infantil y posible envenenamiento por agrotóxicos. Ha circulado un video en donde un niño de cinco años hace su trabajo diario manipulando productos químicos de alta toxicidad. El niño desarrolló un cáncer. Se solicitó la inmediata revisión médica de los 200 niños que aún trabajan en Nuestra Huella.
Semana a semana, se hacen nuevos allanamientos en busca de más trabajadores rurales en situación de esclavitud. Mientras tanto, los líderes de la Mesa de Enlace miran para un costado y anuncian falsos paros (puesto que no dejan de comercializar y vender al exterior ni por unas horas) en rechazo de cada una de las propuestas del gobierno nacional.
Es claro que la notable baja del desempleo lograda a partir de las políticas sociales implementadas desde 2003 hasta la actualidad es sólo el primer paso para saldar una deuda interna todavía impaga. En indispensable que los responsables de cada uno de los campos de trabajo esclavo (y sus cómplices políticos y gremiales) sean llevados a la justicia y paguen sus atrocidades con todo el peso de la ley, que prevee para estos delitos hasta 15 años de prisión. Ni la “cultura empresarial” del campo ni las “particularidades” de las actividades estacionales del rubro pueden ser jamás una justificación para estas prácticas que violan los derechos humanos de los trabajadores rurales. Los números muestran que la rentabilidad del sector tampoco está en riesgo, sino que crece año a año. Pero además, debe quedar claro que ningún tipo de cálculo económico podría justificar la reducción a la servidumbre. Quienes pretenden separar las discusiones sobre las exportaciones y los cupos de las condiciones de trabajo del sector, demuestran su interés por conservar el statu quo. Así piensa la derecha, y por eso se vuelve cada vez más urgente luchar para que su proyecto no se imponga. En esa lucha, es vital el fortalecimiento del Estado para enfrentar y terminar con el trabajo esclavo, el trabajo infantil, con el trabajo en negro, y con todas las formas de la trata de personas.
