Cambiar el paradigma de los servicios financieros
En el mes de abril del corriente año, el diputado nacional Carlos Heller, del Partido Solidario (PSOL) e integrante del bloque parlamentario Nuevo Encuentro Popular y Solidario que preside el diputado nacional Martín Sabbatella, presentó en Diputados el Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social.
El proyecto presentado viene a reemplazar la ley de Martínez de Hoz, dando un vuelco radical en la concepción de la actividad financiera, ya que la define como un servicio público destinado a satisfacer las necesidades de los usuarios, y no solamente las “necesidades” –léase ganancias– de los prestadores del servicio.
Actualmente, la “regulación” de la actividad financiera está regida por la Ley 21.526 de Entidades Financieras, sancionada durante la última dictadura cívico-militar. Dicha ley fue y sigue siendo uno de los centros neurálgicos intactos del proyecto económico que, desapariciones y torturas mediante, la última dictadura instaló en connivencia con –y a beneficio de– los grupos económicos más concentrados del capital nacional e internacional.
La ley 21.526, de Martínez de Hoz, fue el instrumento legal que permitió la proliferación de todo tipo de “entidades financieras”, sin ningún tipo de controles, esto le permitió a los bancos dejar de prestarle al sector productivo y utilizar ese dinero en la especulación financiera. Este modelo de sistema financiero, sumado a la eliminación de aranceles a la importación, fue la estocada mortal para nuestra industria nacional, tirando por tierra en pocos años todo el desarrollo industrial de nuestro país.
Así la dictadura y su continuidad económica en los años 90 lograron lo que todos los gobiernos desde 1955 habían intentado: concentrar los recursos del país en los sectores rurales y financieros, y destruir la posibilidad de un desarrollo más equitativo.
La caída de nuestra industria destruyó miles y miles de puestos de trabajo y profundizó las desigualdades sociales. Antes de la dictadura cívico-militar, la participación de la clase trabajadora en el PBI de nuestro país rondaba el 47%. A fines de los ‘90 esa participación se había reducido a 25% aproximadamente.
En el mes de abril del corriente año, el diputado nacional Carlos Heller, del Partido Solidario (PSOL) e integrante del bloque parlamentario Nuevo Encuentro Popular y Solidario que preside el diputado nacional Martín Sabbatella, presentó en Diputados el Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social.
El proyecto presentado viene a reemplazar la ley de Martínez de Hoz, dando un vuelco radical en la concepción de la actividad financiera, ya que la define como un servicio público (esto no significa que sea estatal, sino privado pero cumpliendo una función pública, como el transporte, por ejemplo) destinado a satisfacer las necesidades de los usuarios, y no solamente las “necesidades” –léase ganancias– de los prestadores del servicio.
Esto modifica la lógica total del sistema, lo democratiza, ya que permitirá acceder al crédito a los sectores productivos de todo el país, lo cual implica un gran cambio para muchos ya que es sabido que cientos de pueblos y localidades del interior no cuentan con este servicio, por tratarse de zonas de poco interés “comercial” para las prestadoras. Con la ley de la dictadura el crédito queda siempre en la “timba financiera” o en las empresas trasnacionales.
Para cumplir con esos objetivos la nueva normativa incluye:
• Regulación. Actualmente los bancos están completamente desregulados. El texto contiene explícitamente cuales son las operaciones que pueden efectuar los bancos comerciales siguiendo el criterio de “banca universal”;
• las sucursales en zonas “poco rentables” será tomado como un servicio que debe prestar la empresa y no simplemente un negocio que deba aumentar las ganancias;
• regulación y control estatal para evitar la “extranjerización” de la banca;
• se crea un régimen estatal de seguro de depósitos para el segmento minorista para proteger al usuario;
• reducción de la concentración en pocos bancos;
• se determina la constitución de la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros en el ámbito del BCRA, con el objeto de defender y proteger los intereses de los usuarios frente a actos, hechos u omisiones de las entidades.
Con este proyecto se destinará un porcentaje importante del crédito al sector productivo, y en particular a la micro, pequeña y mediana empresa. Dado que este sector de la industria ocupa más trabajadores que las grandes corporaciones, su desarrollo no sólo se traducirá en un crecimiento económico general con mayor diversificación productiva, sino que también profundizará la distribución de la riqueza.
En el mes de abril del corriente año, el diputado nacional Carlos Heller, del Partido Solidario (PSOL) e integrante del bloque parlamentario Nuevo Encuentro Popular y Solidario que preside el diputado nacional Martín Sabbatella, presentó en Diputados el Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social.
El proyecto presentado viene a reemplazar la ley de Martínez de Hoz, dando un vuelco radical en la concepción de la actividad financiera, ya que la define como un servicio público destinado a satisfacer las necesidades de los usuarios, y no solamente las “necesidades” –léase ganancias– de los prestadores del servicio.
Actualmente, la “regulación” de la actividad financiera está regida por la Ley 21.526 de Entidades Financieras, sancionada durante la última dictadura cívico-militar. Dicha ley fue y sigue siendo uno de los centros neurálgicos intactos del proyecto económico que, desapariciones y torturas mediante, la última dictadura instaló en connivencia con –y a beneficio de– los grupos económicos más concentrados del capital nacional e internacional.
La ley 21.526, de Martínez de Hoz, fue el instrumento legal que permitió la proliferación de todo tipo de “entidades financieras”, sin ningún tipo de controles, esto le permitió a los bancos dejar de prestarle al sector productivo y utilizar ese dinero en la especulación financiera. Este modelo de sistema financiero, sumado a la eliminación de aranceles a la importación, fue la estocada mortal para nuestra industria nacional, tirando por tierra en pocos años todo el desarrollo industrial de nuestro país.
Así la dictadura y su continuidad económica en los años 90 lograron lo que todos los gobiernos desde 1955 habían intentado: concentrar los recursos del país en los sectores rurales y financieros, y destruir la posibilidad de un desarrollo más equitativo.
La caída de nuestra industria destruyó miles y miles de puestos de trabajo y profundizó las desigualdades sociales. Antes de la dictadura cívico-militar, la participación de la clase trabajadora en el PBI de nuestro país rondaba el 47%. A fines de los ‘90 esa participación se había reducido a 25% aproximadamente.
En el mes de abril del corriente año, el diputado nacional Carlos Heller, del Partido Solidario (PSOL) e integrante del bloque parlamentario Nuevo Encuentro Popular y Solidario que preside el diputado nacional Martín Sabbatella, presentó en Diputados el Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social.
El proyecto presentado viene a reemplazar la ley de Martínez de Hoz, dando un vuelco radical en la concepción de la actividad financiera, ya que la define como un servicio público (esto no significa que sea estatal, sino privado pero cumpliendo una función pública, como el transporte, por ejemplo) destinado a satisfacer las necesidades de los usuarios, y no solamente las “necesidades” –léase ganancias– de los prestadores del servicio.
Esto modifica la lógica total del sistema, lo democratiza, ya que permitirá acceder al crédito a los sectores productivos de todo el país, lo cual implica un gran cambio para muchos ya que es sabido que cientos de pueblos y localidades del interior no cuentan con este servicio, por tratarse de zonas de poco interés “comercial” para las prestadoras. Con la ley de la dictadura el crédito queda siempre en la “timba financiera” o en las empresas trasnacionales.
Para cumplir con esos objetivos la nueva normativa incluye:
• Regulación. Actualmente los bancos están completamente desregulados. El texto contiene explícitamente cuales son las operaciones que pueden efectuar los bancos comerciales siguiendo el criterio de “banca universal”;
• las sucursales en zonas “poco rentables” será tomado como un servicio que debe prestar la empresa y no simplemente un negocio que deba aumentar las ganancias;
• regulación y control estatal para evitar la “extranjerización” de la banca;
• se crea un régimen estatal de seguro de depósitos para el segmento minorista para proteger al usuario;
• reducción de la concentración en pocos bancos;
• se determina la constitución de la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros en el ámbito del BCRA, con el objeto de defender y proteger los intereses de los usuarios frente a actos, hechos u omisiones de las entidades.
Con este proyecto se destinará un porcentaje importante del crédito al sector productivo, y en particular a la micro, pequeña y mediana empresa. Dado que este sector de la industria ocupa más trabajadores que las grandes corporaciones, su desarrollo no sólo se traducirá en un crecimiento económico general con mayor diversificación productiva, sino que también profundizará la distribución de la riqueza.
