Por una seguridad más democrática en la Ciudad
Las últimas declaraciones que se hicieron desde el Gobierno de Mauricio Macri demuestran, por lo menos, tres cosas. En primer lugar, un claro desconocimiento del tipo de delitos que existen en la Ciudad. En segundo término, una idea de Seguridad anclada solamente en la represión, sin atender jamás a las políticas de prevención. Por último, una actitud evidentemente discriminatoria hacia los sectores vulnerables, a los cuales este gobierno concibe solamente como objeto de las políticas represivas.
Resulta inexplicable, en términos legales y prácticos, abordar el caso de los “ciudacoches” a partir de una reforma del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. La responsabilidad del Gobierno de la Ciudad es llevar a cabo políticas que enfrenten el delito. Por lo tanto, es escandaloso cortar el hilo por lo más delgado e igualar a las bandas organizadas, que operan, por ejemplo, en los espectáculos futbolísticos –de los cuales Macri no sólo tiene conocimiento sino que también fue cómplice durante su paso como dirigente de fútbol–, con los “trapitos” o “limpiavidrios”, segmentos sociales excluidos del acceso al empleo formal, para los cuales la respuesta del Estado debería centrarse en políticas inclusivas.
Ninguna de las propuestas del gobierno de Macri guardan relación con los delitos más comunes tipificados en el informe anual de conflictividad realizado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Estos datos, junto a otros insumos (por ej. Encuesta de Victimización que aún no se conoce), deberían acercarnos a una realidad más concreta, lejana de medidas extemporáneas o desacertadas.
Por otra parte, es especialmente alarmante que, tal como explicó el Ministro Montenegro en conferencia de prensa, el castigo estipulado sea automática y exclusivamente de tres a cinco días de arresto. La alarma no sólo se activa porque entendemos que la privación de la libertad debe ser siempre el último recurso, sino también por las razones argüidas por Montenegro para descartar “de entrada” la realización de trabajos comunitarios o una multa como penas alternativas. En el primer caso, el Ministro dijo que se descartan por “la dificultad de cumplirlos”, y en el segundo, “porque se trata de gente que tiene problemas patrimoniales”. Es decir que, desde el Gobierno de la Ciudad, no sólo se reconoce que estamos ante algunas de las prácticas a las que recurren los sectores más vulnerables, sino que entiende que la mejor forma de “lidiar” con ello es la vía represiva. Según estos criterios, el poder adquisitivo (y no la infracción cometida) determina el tipo de castigo, que en este caso implica, nada más y nada menos, la privación de la libertad.
Afirmamos que los anuncios de Macri sobre este tema, haciendo hincapié sólo en algunas contravenciones que se desarrollan a diario en nuestra Ciudad, son sólo anuncios efectistas frente al abanico de conflictos y delitos existentes en nuestra Ciudad que generan inseguridad. Es necesario combatir desde el debate todos los discursos y las medidas que, como ésta, tienen un claro sesgo antidemocrático y autoritario. Es por ello que no aceptaremos jamás las apelaciones al “miedo de la gente”, porque sabemos que ellas sólo han servido para justificar los peores abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
Teniendo esto en cuenta, no creemos, como dice Macri, que este tema deba ser tratado “con urgencia y sin politizarlo”. Por el contrario, es necesario que todos los temas, incluidos los de seguridad, sean debatidos por todas las fuerzas políticas, puesto que solamente de esa forma lograremos una seguridad más democrática.
El Jefe de Gobierno ha demostrado el rumbo de su política de seguridad al implementar una policía Metropolitana que reclutó sus miembros entre los desplazados de otras fuerzas de seguridad, incluso aquellos acusados por delitos o prevaricato. Esa decisión política no se puede esconder bajo la excusa de haber desconocido los antecedentes: ello exige modificar a fondo la estructuración inicial de esta fuerza y no, como intenta el Jefe de Gobierno, tratar de instalar otro eje para desviar la atención de la opinión pública del evidente fracaso de su política de seguridad y de la policía Metropolitana.
En este marco es relevante retomar los puntos que conforman el Acuerdo para la Seguridad Democrática presentado por un amplio espectro político, organizaciones sociales y de derechos humanos, gremios, personalidades académicas y miembros del poder judicial a fines del año 2009. En sus primeros puntos se destaca que: “En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria”, al tiempo que el documento manifiesta que “las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática”.
Allí también se remarca, entre otras cosas, la necesidad de promover una concepción integral y democrática de la seguridad, basada en información completa y fidedigna; y sobre todas las cosas, que el Estado es el responsable de garantizar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos para todos y todas los/las ciudadanas y ciudadanos, puntos en que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires parece estar fallando.
