Traspasar los límites sin dar ni un paso atrás
La legitimidad del reclamo por el 82% móvil para las jubilaciones y pensiones esconde que la ley que se votó en el Congreso de la Nación no sólo no contaba con un financiamiento específico, sino que trasladaba las desigualdades salariales a las jubilaciones, realizando una fuerte transferencia de ingresos a los jubilados de estratos más altos. Estamos convencidos de que es necesario un rediseño del sistema previsional junto con otras modificaciones tributarias que permitan aliviar las cargas de los que menos tienen y graven más a los que más tienen, a fin de mejorar la calidad de vida de los sectores más postergados.
A mediados de la década del 70, Argentina era el país más igualitario de América Latina; había pleno empleo y prácticamente todos los trabajadores hacían aportes al sistema de seguridad social, tenían acceso a una obra social y cobraban asignaciones familiares. Las jubilaciones, en ese contexto, equivalían al 82% de los ingresos de los trabajadores en actividad.
Esta versión latinoamericana del Estado de Bienestar comenzó a ser desmantelada a medida que la hegemonía neoliberal se afianzaba en el país. Las políticas de ajuste tuteladas por los organismos internacionales de crédito tuvieron como consecuencia el endeudamiento y la desindustrialización –impuestas bajo el fuego de la represión– que darían lugar al desempleo ascendente, la precarización laboral y el ajuste salarial.
En los años 80, el estancamiento salarial y los problemas de empleo que atravesaba el país derivaron en crecientes dificultades para financiar el sistema de seguridad social. A esto se le sumó el peso impuesto por el pago de la deuda externa, lo cual terminó de poner en jaque las cuentas del Estado. Así, para hacer frente al pago de las jubilaciones, el sistema comenzó a tomar ingresos de impuestos no previsionales (por ejemplo el IVA), muchos de ellos regresivos.
A mediados de los noventa, las políticas neoliberales aprovecharon la crisis del sistema para avanzar en su privatización e implementaron el sistema de las AFJP. Esto implicaba romper con el pilar solidario del régimen de reparto. El nuevo régimen propició, además, el vaciamiento del sistema público, que se veía perjudicado por la caída del empleo en blanco, de los salarios y de las contribuciones patronales, reducidas estas últimas por decisión del Estado, como parte de las políticas neoliberales.
A comienzos de los años 2000, el panorama era realmente trágico: Gran cantidad de adultos mayores sin jubilación, cada vez más trabajadores fuera del sistema previsional y sin perspectivas de ingresos jubilatorios futuros, y jubilados con haberes situados en valores irrisorios.
Las jubilaciones permanecieron así en valores históricamente bajos y sin criterios de reacomodamiento, congeladas. Miles de trabajadores perdían el empleo y con él la posibilidad de acceder a una jubilación futura por no poder completar sus aportes. En 2002 sólo la mitad de las personas mayores (de 65 lo hombres y de 60 las mujeres) cobraban una jubilación.
La política oficial –desde la gestión de Néstor Kirchner y profundizada en la de Cristina Fernández de Kirchner– hasta fines de 2008 priorizó la recomposición de la jubilación mínima y el otorgamiento de haberes a quienes no habían podido jubilarse por falta de aportes, a través de una amplia moratoria. Así, se incorporaron más de 2 millones de nuevos jubilados y pensionados y se logró que en el presente nueve de cada diez personas mayores (de 65 los hombres de 60 las mujeres) perciban al menos una jubilación o pensión. Estas políticas tuvieron un efecto redistributivo profundo.
Finalmente, dando respuesta a los fallos de la Corte, a fines de 2008, el Gobierno impulsó la aprobación de la Ley de movilidad jubilatoria que, si bien no reparó la falta de actualización pasada de las jubilaciones mayores a la mínima, puso en marcha una modalidad de aumento progresivo desde ese momento.
Estas políticas contrastaron fuertemente con las implementadas en los años noventa, cuando la regla era el ajuste y la despreocupación absoluta por los mayores que quedaban sin cobertura.
Paradójicamente, fueron los mismos sectores que llevaron al vaciamiento del sistema de seguridad en los años anteriores y a la reducción de los haberes quienes impulsaron la nueva ley del 82% móvil para las jubilaciones más recientemente. Este proyecto, que sería vetado posteriormente por la presidenta, significaba pagos imposibles de sostener en el tiempo, que muy probablemente habrían conducido a la quiebra del sistema previsional y a la erosión de todo el sistema de protección social (jubilaciones, pensiones, pensiones por invalidez, pensiones para madres múltiples, asignaciones familiares, asignación universal por hijo, etc.). Al no plantear ninguna fuente de financiamiento específica para cubrir el aumento de las jubilaciones, el proyecto resultaba inaplicable.
Por otra parte, más allá de las posibilidades prácticas de alcanzar el 82% móvil, se deben hacer consideraciones distributivas. El proyecto no elevaba solamente las jubilaciones mínimas, sino que preveía un ajuste del resto de las jubilaciones. Al establecer que la jubilación es un porcentaje fijo del salario, los jubilados pasarían a percibir haberes tan desiguales como los salarios que recibían mientras trabajaban. En otras palabras, este proyecto implicaba trasladar las desigualdades salariales a las jubilaciones; es decir, realizar una fuerte transferencia de ingresos a los jubilados de estratos más altos.
Otro punto discutible del proyecto es que relegaba la actualización de las jubilaciones mínimas a través de un mecanismo de ajuste en función al salario mínimo. Cabe señalar que, por el nivel de discrecionalidad en el manejo del salario mínimo, de ningún modo este mecanismo garantizaba la movilidad de los haberes más bajos.
Desde nuestra fuerza política estamos convencidos de que ese proyecto tuvo la fuerte intencionalidad de desfinanciar al Sector Público para evitar que se siga llevando a cabo una política distributiva y de inclusión social. Incrementar las contribuciones patronales, gravar la renta financiera y restituir el impuesto a la herencia eran propuestas que permitirían concretar un proyecto más razonable. Sin embargo, los actores más importantes del Grupo A no admitieron la discusión de este punto.
Por lo anterior, es necesario remarcar la importancia de continuar avanzando en la mejora de las jubilaciones, para lo cual tenemos que articular un proyecto sostenible y redistributivo. Estamos convencidos de que es necesario un rediseño del sistema previsional junto con otras modificaciones tributarias que permitan aliviar las cargas de los que menos tienen y graven más a los que más tienen, a fin de mejorar la calidad de vida de los sectores más postergados.
A mediados de la década del 70, Argentina era el país más igualitario de América Latina; había pleno empleo y prácticamente todos los trabajadores hacían aportes al sistema de seguridad social, tenían acceso a una obra social y cobraban asignaciones familiares. Las jubilaciones, en ese contexto, equivalían al 82% de los ingresos de los trabajadores en actividad.
Esta versión latinoamericana del Estado de Bienestar comenzó a ser desmantelada a medida que la hegemonía neoliberal se afianzaba en el país. Las políticas de ajuste tuteladas por los organismos internacionales de crédito tuvieron como consecuencia el endeudamiento y la desindustrialización –impuestas bajo el fuego de la represión– que darían lugar al desempleo ascendente, la precarización laboral y el ajuste salarial.
En los años 80, el estancamiento salarial y los problemas de empleo que atravesaba el país derivaron en crecientes dificultades para financiar el sistema de seguridad social. A esto se le sumó el peso impuesto por el pago de la deuda externa, lo cual terminó de poner en jaque las cuentas del Estado. Así, para hacer frente al pago de las jubilaciones, el sistema comenzó a tomar ingresos de impuestos no previsionales (por ejemplo el IVA), muchos de ellos regresivos.
A mediados de los noventa, las políticas neoliberales aprovecharon la crisis del sistema para avanzar en su privatización e implementaron el sistema de las AFJP. Esto implicaba romper con el pilar solidario del régimen de reparto. El nuevo régimen propició, además, el vaciamiento del sistema público, que se veía perjudicado por la caída del empleo en blanco, de los salarios y de las contribuciones patronales, reducidas estas últimas por decisión del Estado, como parte de las políticas neoliberales.
A comienzos de los años 2000, el panorama era realmente trágico: Gran cantidad de adultos mayores sin jubilación, cada vez más trabajadores fuera del sistema previsional y sin perspectivas de ingresos jubilatorios futuros, y jubilados con haberes situados en valores irrisorios.
Las jubilaciones permanecieron así en valores históricamente bajos y sin criterios de reacomodamiento, congeladas. Miles de trabajadores perdían el empleo y con él la posibilidad de acceder a una jubilación futura por no poder completar sus aportes. En 2002 sólo la mitad de las personas mayores (de 65 lo hombres y de 60 las mujeres) cobraban una jubilación.
La política oficial –desde la gestión de Néstor Kirchner y profundizada en la de Cristina Fernández de Kirchner– hasta fines de 2008 priorizó la recomposición de la jubilación mínima y el otorgamiento de haberes a quienes no habían podido jubilarse por falta de aportes, a través de una amplia moratoria. Así, se incorporaron más de 2 millones de nuevos jubilados y pensionados y se logró que en el presente nueve de cada diez personas mayores (de 65 los hombres de 60 las mujeres) perciban al menos una jubilación o pensión. Estas políticas tuvieron un efecto redistributivo profundo.
Finalmente, dando respuesta a los fallos de la Corte, a fines de 2008, el Gobierno impulsó la aprobación de la Ley de movilidad jubilatoria que, si bien no reparó la falta de actualización pasada de las jubilaciones mayores a la mínima, puso en marcha una modalidad de aumento progresivo desde ese momento.
Estas políticas contrastaron fuertemente con las implementadas en los años noventa, cuando la regla era el ajuste y la despreocupación absoluta por los mayores que quedaban sin cobertura.
Paradójicamente, fueron los mismos sectores que llevaron al vaciamiento del sistema de seguridad en los años anteriores y a la reducción de los haberes quienes impulsaron la nueva ley del 82% móvil para las jubilaciones más recientemente. Este proyecto, que sería vetado posteriormente por la presidenta, significaba pagos imposibles de sostener en el tiempo, que muy probablemente habrían conducido a la quiebra del sistema previsional y a la erosión de todo el sistema de protección social (jubilaciones, pensiones, pensiones por invalidez, pensiones para madres múltiples, asignaciones familiares, asignación universal por hijo, etc.). Al no plantear ninguna fuente de financiamiento específica para cubrir el aumento de las jubilaciones, el proyecto resultaba inaplicable.
Por otra parte, más allá de las posibilidades prácticas de alcanzar el 82% móvil, se deben hacer consideraciones distributivas. El proyecto no elevaba solamente las jubilaciones mínimas, sino que preveía un ajuste del resto de las jubilaciones. Al establecer que la jubilación es un porcentaje fijo del salario, los jubilados pasarían a percibir haberes tan desiguales como los salarios que recibían mientras trabajaban. En otras palabras, este proyecto implicaba trasladar las desigualdades salariales a las jubilaciones; es decir, realizar una fuerte transferencia de ingresos a los jubilados de estratos más altos.
Otro punto discutible del proyecto es que relegaba la actualización de las jubilaciones mínimas a través de un mecanismo de ajuste en función al salario mínimo. Cabe señalar que, por el nivel de discrecionalidad en el manejo del salario mínimo, de ningún modo este mecanismo garantizaba la movilidad de los haberes más bajos.
Desde nuestra fuerza política estamos convencidos de que ese proyecto tuvo la fuerte intencionalidad de desfinanciar al Sector Público para evitar que se siga llevando a cabo una política distributiva y de inclusión social. Incrementar las contribuciones patronales, gravar la renta financiera y restituir el impuesto a la herencia eran propuestas que permitirían concretar un proyecto más razonable. Sin embargo, los actores más importantes del Grupo A no admitieron la discusión de este punto.
Por lo anterior, es necesario remarcar la importancia de continuar avanzando en la mejora de las jubilaciones, para lo cual tenemos que articular un proyecto sostenible y redistributivo. Estamos convencidos de que es necesario un rediseño del sistema previsional junto con otras modificaciones tributarias que permitan aliviar las cargas de los que menos tienen y graven más a los que más tienen, a fin de mejorar la calidad de vida de los sectores más postergados.
