La urbanización de la villa 31 de Retiro: la actualidad de una problemática histórica
La disyuntiva entre urbanizar o erradicar la villa 31 de Retiro se halla en la agenda pública desde hace décadas. En los últimos años ha cobrado nueva relevancia, tanto por las iniciativas de los pobladores como por aquellas generadas desde organismos estatales. En esta nota se hace un breve repaso de la historia de la villa y se plantea la situación actual, atravesada por la reciente aprobación de la ley de urbanización y la intervención judicial para la normalización de la representación de los vecinos.
La villa 31 de Retiro tiene cerca de 80 años de historia. Los primeros pobladores de la zona se remontan a principios de la década de 1930. Muchos de ellos eran inmigrantes extranjeros desempleados, que se asentaron allí por la proximidad con el puerto y las terminales ferroviarias, potenciales fuentes de trabajo. En la década de 1940, el gobierno instaló viviendas transitorias para inmigrantes sin recursos, y hacia mediados de los ’50 una nueva toma de terrenos en áreas inundables fue acentuando el rol que adquiriría el lugar.
Los primeros intentos de desalojo comenzaron hacia fines de los años 1950. Dichas acciones dieron lugar al surgimiento de organizaciones reivindicativas. En esas experiencias se destaca la figura emblemática del Padre Carlos Mugica, de la mano de quien la villa 31 alcanzó uno de los momentos de mayor organización popular en los primeros años de la década de 1970.
La política hacia las villas de la ciudad en general, y hacia la 31 en particular, oscilaron entre posiciones de cierta tolerancia y el desalojo compulsivo. La última dictadura llevó adelante las acciones más violentas, desplegando un operativo de erradicación compulsiva que arrasó las construcciones y expulsó a la población sin ofrecer ninguna alternativa habitacional. Es importante destacar que durante las últimas décadas la realidad del barrio se complejizó. Las políticas de corte neoliberal implementadas durante la década del '90 dieron lugar a procesos de empobrecimiento general de la población que en buena medida impactaron en el crecimiento de los barrios informales, única alternativa residencial posible para muchas familias, provocando, a su vez, un deterioro en las condiciones de vida de sus habitantes. Esa complejización se visibiliza en el crecimiento de los niveles de densificación, hacinamiento, reducción de espacios libres, en el aumento de la demanda sobre los sistemas de abastecimiento y en el desarrollo de un mercado informal de alquileres, entre otras situaciones de criticidad. Si bien desde sus orígenes en la villa se distinguen barrios internos –YPF, Comunicaciones, Güemes, Inmigrantes y Autopista–, actualmente se diferencian dos grandes sectores denominados Villa 31 y 31 bis, en los que se estima viven más de 25 mil personas.
Desde 1983, y en sintonía con el contexto del retorno democrático, la villa se fue repoblando y comenzó a cobrar forma la idea de radicar a la población, aunque sin que se desarrollaran acciones concretas por parte de los organismos estatales correspondientes. Por otra parte, existen intereses concretos para impulsar proyectos de desarrollo inmobiliario de gran escala en esa área, que ponen de manifiesto el interés especulativo que existe sobre los terrenos de la villa 31. Esto último atenta contra las posibilidades de avanzar en la radicación definitiva de los vecinos y en la reurbanización del barrio.
Actualmente, el dilema sigue siendo el mismo, enfrentando posiciones que apoyan la radicación-urbanización del barrio, con las que plantean la relocalización de la población y re-funcionalización del área, con usos aún imprecisos.
A fin de 2009 la Legislatura porteña aprobó la Ley 3.343, que dispone “la urbanización del polígono correspondiente a las villas 31y 31 bis”. Dicha urbanización comprendería el desarrollo de infraestructuras sanitarias formales (agua y cloacas), apertura de calles, construcción de nuevas viviendas y espacios públicos. Esta ley dispone la creación de una mesa de trabajo interdisciplinario e interactoral (compuesta por vecinos y organizaciones del barrio, ONG, equipos de investigación de Universidades Públicas, organismos estatales) con el propósito de avanzar en una propuesta que incorpore los aspectos habitacionales, dominiales y de formalización de las infraestructuras y servicios. La “mesa de gestión” mencionada debe, según establece la ley, convocar a sus reuniones a delegados y vecinos del barrio. Frente a la necesidad de normalizar la representación de los vecinos, la Justicia dispuso la intervención del proceso de elección de nuevas autoridades y delegados (quienes serán los interlocutores ante el poder público durante el proceso de urbanización) con el objetivo de garantizar la transparencia en el procedimiento, para lo cual el primer paso a dar ha sido la confección y depuración del padrón de votantes.
Tanto la puesta en marcha de la ley como la elección de nuevos representantes de los vecinos son iniciativas que suponen la participación de diferentes grupos que tienen en común la elaboración de propuestas en pos de la inclusión social y el derecho de los sectores populares a vivir en la Ciudad. La posibilidad de que la urbanización de la villa 31 prospere depende, en buena medida, del modo en que los diferentes actores puedan incidir en el desarrollo de una intervención activa e incluyente de parte de los distintos niveles del Estado involucrados. En este sentido, es fundamental que predomine una perspectiva inclusiva, democrática, que defienda y reivindique el derecho a la Ciudad de los habitantes del barrio, y no las acciones expulsivas y especulativas de un mercado inmobiliario cada vez más excluyente.
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