Escuchas ilegales: el macrismo se mueve con una lógica pre-republicana
Los diputados macristas esperan que el tiempo pase, que el ministro renuncie, o que sea el último fusible antes de Macri. Lo cuidan porque es la única posibilidad que creen tener de influencia por sus contactos en los tribunales o, más mezquinamente aún, lo protegen para que no salpique a su jefa, Michetti, que, al fin de cuentas, vio a sus dos ministros protegidos, Mariano Narodowsky y Guillermo Montenegro, envueltos en el escandaloso caso de las escuchas telefónicas que amenaza con terminar con un jefe de gobierno en ejercicio procesado por la justicia por primera vez en la corta historia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El macrismo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires debate resoluciones sobre personalidades destacadas, nombres de calle, declaraciones de interés de jornadas sobre el taekwondo, mientras el primer jefe de policía de la metropolitana y su espía protegido están procesados y presos, su sucesor debió renunciar y más de treinta oficiales superiores fueron echados por estar involucrados en diferentes delitos.
El macrismo de la Legislatura sigue sosteniendo que es todo una operación de la SIDE, mientras se suman a la causa judicial los listados de números telefónicos escuchados que ya involucran a familiares del jefe de gobierno, oponentes y hasta aliados políticos. Mientras fatigan los canales de televisión hablando de institucionalidad y república, el macrismo en su conjunto se volvió parte de la trama que busca ocultar y esconder lo que la justicia inevitablemente viene develando.
Todo en el marco de una causa en que no sólo el juez sino ya la Cámara Federal en dos oportunidades sentenciaron que se trató de una asociación ilícita montada en el seno del estado con el visto bueno de los más altos funcionarios para espiar a ciudadanos, políticos, periodistas, familiares del jefe de gobierno y empresarios. Y el Juez Federal finalmente también procesó y embargó al mismo Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, por considerarlo partícipe necesario de esa asociación ilícita.
El macrismo se mueve con una lógica pre-republicana. El jefe de gobierno cree que puede ir a una indagatoria a pedirle explicaciones a un juez en lugar de contestar preguntas sobre las sospechas y las acusaciones que pesan sobre él. Y el ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, cree que puede presentarse intempestivamente en la Legislatura cuando él quiere a hablar de lo que él quiere en lugar de cumplir con los pasos institucionales que marca la constitución y la ley.
Sería bueno que Macri y Montenegro comprendan que hay que respetar las formas democráticas, rendir cuentas ante la Justicia, ante la Legislatura y ante la ciudadanía en la forma y tiempos que correspondan y, sobre todo, llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación de la causa.
En la ciudad de Buenos Aires se voto una ley para crear una nueva policía que nos hiciera sentir más seguros, más protegidos y que tuviera que ver con la idiosincrasia porteña, con lo que pensamos sobre los temas de seguridad y fue trabajado en la promulgación de la ley. Mauricio Macri, que creció y vivió toda su vida creyendo que el Estado era el patio trasero de su mansión, lo primero que hizo fue poner esa policía a su servicio, a espiar a la oposición, a sus familiares e incluso a miembros de su gabinete. Estamos enfrentando las consecuencias de la concepción de sociedad de Mauricio Macri, como en sus empresas, como en Boca, tiene que ver con lo efectista, lo cosmético, el merchandising, o lo que se vea para entretener, sostenido a expensas del Estado y sus contratos, apoyado con un equipo de seguridad e inteligencia que siempre ha manejado el Fino Palacios. Es un modelo de empresa que traslada a la ciudad con las evidentes consecuencias que abarcan a todas las áreas de la actual gestión.
Es contradictorio escuchar a Mauricio Macri afirmar que encarna la nueva política si tiene como jefe de campaña a Ramón Puerta, quién pertenece al espacio del peronismo más ligado con Duhalde y las viejas prácticas políticas, quien fuera el gobernador y señor feudal de la provincia de Misiones, y no es casual que justamente sea en esa provincia donde se inicia el tema de las escuchas. También, quien hoy es el jefe de campaña de Mauricio Macri junto a Ramón Puerta, Humberto Schiavone es el hombre que maneja la justicia de la provincia de Misiones, entre otros, a los jueces que le posibilitaban a James y a Palacios hacer estas escuchas ilegales.
La justicia tiene que seguir avanzando y llegar a fondo con la investigación como lo viene haciendo. Pero también es preocupante la respuesta política porque lo que está en juego es la seguridad de los porteños. Mauricio Macri perdió y nos hizo perder a todos los porteño, la oportunidad de crear una Policía Metropolitana de altos estándares tal como lo enuncia la ley. En cambio, formó y respaldó obstinadamente un cuerpo enviciado de origen, que se corresponde con la cara mafiosa de la Federal, de aquellos quienes terminaron excluidos por este tipo de situaciones.
Mauricio y Franco Macri, desde que Mauricio es secuestrado, pero también desde que pierden la licitación de Aguas Argentinas y lo adjudican al espionaje industrial, por las dos cosas, deciden armar su propio aparato de seguridad. Un poco heredado de Yabrán –por las empresas que compran del grupo Yabrán luego de su muerte- y otro poco, a través de una agencia norteamericana llamada Ackerman Group que trabaja con dos agencias argentinas. Una es la del Fino Palacios y la otra es la de Adrián Pelacchi, quién fuera el Jefe de Policía en el menemismo. Estas dos agencias de seguridad han trabajo para la familia Macri y formalmente a cargo de la seguridad de Socma, situación que me confirmaron oportunamente por carta en respuesta a mi requerimiento. Esta estructura es la que Mauricio Macri importa a la ciudad, es el equipo de seguridad de la familia, la forma en la que entiende la seguridad y que han trasladado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La situación es de una gravedad institucional inusitada: reprodujeron un esquema de inteligencia y de escuchas telefónicas en el centro mismo del Gobierno malversando los recursos públicos, los intereses que debieran representar y poniendo en riesgo la propia condición republicana. Tendremos que trabajar fuertemente para reconfigurar la Policía Metropolitana y la política de seguridad a la que aspiramos, pero también en todas las áreas afectadas por la gestión macrista para minimizar los daños no tan difundidos como es el caso del escándalo de las escuchas, pero que a la vez visibiliza claramente su concepción del Estado y la cosa pública.
